Campeche, Cam. A pesar del amparo que los protege, 21 elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), fueron notificados por la Dirección de Asuntos Internos de esa dependencia, que se inició una carpeta de investigación en su contra, por lo que se les citó a una audiencia para que respondan a las acusaciones.
Adicionalmente, a seis elementos de la corporación, entre ellos una mujer, a quienes el Gobierno del Estado considera “cabecillas” del movimiento de protesta que inició el pasado 16 de marzo, se les suspendió el pago de sus sueldos y fueron dados de baja, además de que están denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por delitos como motín y sabotaje.
Otros diez policías, comisionados al Centro de Control, Comando y Cómputo de Campeche (C-5), fueron relevados de sus cargos y en su lugar se designó a personal leal a la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, por lo que se perdió la coordinación entre esa central y los patrulleros, lo que afecta la prestación de servicios a la comunidad.
Por ejemplo, el pasado fin de semana fue detectado un automóvil deportivo procedente de otra entidad, que activó la alarma de uno de los arcos detectores, por lo que se solicitó al C-5 información sobre la unidad motriz a fin de saber si continuaba su camino o lo aseguraban.
No hubo respuesta de los centralistas. Todo lo anterior, señalaron los tres voceros del movimiento de protesta de los policías, comprueba que el Gobierno del Estado, la propia titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez y la gobernadora Layda Sansores, violan el amparo provisional que les concedió el juez primero de Distrito de esta capital, el cual ordenó cesar todo acto de hostigamiento, represión, órdenes de aprehensión o sanciones penales, administrativas laborales contra los sublevados.
Tal y como anticipó el titular de la Consejería Jurídica del Estado, Juan Pedro Alcudia Sánchez, en el sentido de que el amparo provisional no suspendía las investigaciones en su contra, a través de la dirección de Asuntos Internos, que encabeza Víctor Hugo Sánchez Ortiz, pareja de la jefa de la Policía, Marcela Muñoz, se han enviado 21 citatorios contra igual número de elementos policiacos, a quienes pretenden fincarles diversas responsabilidades e incluso encarcelarlos, como estrategia para desactivar el movimiento.
Ante los actos de represión que se siguen aplicando en contra de los inconformes, sus voceros demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de que certifique la violación al amparo que les fue concedido, así como las deplorables condiciones en que se encuentran las instalaciones, los vehículos, e quipos y armamentos, pese a que se han canalizado varios cientos de millones de pesos a esta Secretaría para contar con instalaciones y equipos dignos y funcionales.
