La liberación de la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, es evidencia de la falta de capacidad de la Procuraduría General de la República (PGR) para comprobar delitos como lavado de dinero o delincuencia organizada y con ello no se descarta que otros detenidos puedan ser liberados, opina el abogado Arturo Nicolás Baltazar.
El experto en el nuevo sistema de justicia penal, señaló que con ese nuevo sistema, la carga de la prueba queda en quien acusa, es decir el Ministerio Público, que muchas veces dejan la responsabilidad al juez y muchos casos no pasan la etapa de investigación.
Y esto deriva en que en ocasiones, cuando las personas son culpables, por errores del Ministerio Público, quedan libres y sin posibilidad de volver a ser juzgados, esto lo único que genera es impunidad y “no vamos a saber nunca si la maestra Elba Esther gordillo desplegó este tipo de conductas que pudieron ser delictivas porque el asunto al llegar a los tribunales no se pudo sostener”.
“En un estado de derecho, en donde debe de prevalecer la presunción de inocencia, quien tiene la carga de la prueba es el MP y tiene que comprobar y llegado el momento, cuando ya nos encontramos en la audiencia, en la etapa de juicio oral, hay una diferencia con la etapa de investigación, para vincular a proceso a una persona se siguen majeando estándares muy bajos de prueba, se llama datos de prueba, pero cuando llegas a una etapa de juicios tienes que probar y la misma constitución que establece en base al principio de presunción de inocencia, que tiene que probar y no debe existir duda razonables, tiene que haber prueba plena, cuando llegamos a esa etapa procesal muchas veces el MP no logra reunir las pruebas necesarias para sustentar sus acusaciones y es por ello en que terminan sentencia absolutorias o en sobreseimiento”.
En el caso de Elba Esther, el abogado considera que tal vez la PGR no cometió errores voluntarios, sino que le faltó capacidad para comprobar los delitos.
“El éxito de esos procesos está en la investigación, desafortunadamente el tema de la investigación es uno de los que más fallan en la procuración de justicia”, recalcó.
El abogado no descartó que Elba Esther haya sido una presa política: “Por supuesto, ese es el principal motivo por el cual ella fue sujeta a este proceso y se dictaron todas las medidas precautorias en su contra que conllevan la severidad de las medidas en derecho penal, la privación de la libertad, un arraigo, un privación de la libertad domiciliaria, son cuestiones que busca el estado para lograr los fines políticos como en este caso son demasiado evidentes”.
En el caso Duarte y ex funcionarios estatales, dijo que no se descarta que ocurra lo mismo porque las carpetas de los ex servidores públicos pueden correr la misma suerte: “lo único que las sostiene son presiones políticas, si las analizamos a la luz del estado de derecho, estas imputaciones de inmediato se desvanece, por maquinaciones de la fiscalía, errores graves, violaciones a los derechos fundamentales como un debido proceso y como el derecho a una defensa adecuada”.
Dijo que en el caso del ex gobernador, las carpetas de investigación “tienen datos que no son ciertos, por lo que podría quedar libre, ya que los datos de prueba sólo sirven para la etapa de la detención y vinculación a proceso, pero al llegar a al siguiente etapa del proceso y el juicio oral, esas carpetas de investigación ya no se puedan sostener y son temas fuertemente influenciados por la política”.
