Zongolica, Ver., 18 de agosto de 2014
Al presidir el acto de excarcelación de dos presos indígenas que obtuvieron su preliberación en el Centro Penitenciario de Zongolica, las cuales suman 100 a la fecha, el procurador general de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, afirmó que cuando los internos alcanzan la compurgación de sus penas, Veracruz vela por su reinserción a la vida social y productiva y la protección de sus garantías individuales, como consagran los tratados internacionales y los que rigen al Estado.
El servidor público exhortó a los preliberados a conducirse con estricto apego a las leyes y evitar reincidir en faltas a los ordenamientos constitucionales: “nosotros nos ocuparemos de garantizarles un clima de legalidad y seguridad jurídica, como a todos los veracruzanos”.
Es a través del trabajo coordinado entre las autoridades encargadas de procurar justicia y prevenir la seguridad pública, dijo, como se hacen respetar los derechos humanos de las víctimas de los delitos y de los inculpados, esta situación continuará siendo una prioridad con la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, y para servirle óptimamente a Veracruz nos encontramos reforzando nuestros cuadros jurídicos y operativos.
“La participación decidida de la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la revisión de los casos de cada interno realizado por personal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), ha dado resultados y nuestro compromiso ha sido cumplido a través del Proyecto de Excarcelación de Presos Indígenas, por medio del cual hoy obtienen su libertad dos veracruzanos que se suman a la fuerza productiva de nuestro estado”.
Bravo Contreras destacó el fomento que brinda la Comisión para procurar una vida digna a los habitantes de pueblos y comunidades indígenas, “trabajan a la par del gobierno estatal para brindar la seguridad del respeto y protección de sus derechos humanos, civiles, políticos, sociales y culturales; un ejemplo es la reciente vinculación que signamos con una organización civil, para brindarles una atención integral”.
En el evento estuvieron presentes la delegada de la CDI, María Isabel Pérez Santos; el director general de Prevención y Reinserción Social, José Óscar Sánchez Tirado; la subprocuradora Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos, Carla Rodríguez González; el subprocurador Regional, Alejandro Dávila Vera; la directora del Centro Penitenciario, Sarahí Peña Galaviz, y el alcalde, Eliseo Ricardo Macuixtle García.
