Xalapa, Ver.
Armando Ramos
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del estado de Veracruz detectó un presunto daño patrimonial por un millón 918 mil 533 pesos en el ayuntamiento de Moloacán.
Según el informe de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, hubo irregularidades en la gestión financiera que no fueron solventadas así como inconsistencias de carácter administrativo.
Tal es el caso de la observación TM-111/2016/002 DAÑ a la obra número 2016301110006, que consistió en la construcción de la segunda etapa para el centro de salud de Villa Cuichapa.
Ahí, el ORFIS constató que el proyecto se encuentra sin terminar pese a que fue finiquitado por el ayuntamiento, pues faltaba la construcción 29 metros cuadrados de domo curvo con policarbonato de seis mm y el aplanado fino en muros. El ORFIS determinó como improcedente el pago de 306 mil 456 pesos por los trabajos.
La observación TM-111/2016/003 DAÑ da cuenta de un probable daño patrimonial de 904 mil 171 pesos en la ampliación de drenaje sanitario en la calle Benito Juárez, de la localidad de San Lorenzo, pues su operación fue encontrada deficiente.
“Dado que en Acta Circunstanciada de fecha 3 de abril de 2017, se menciona que la descarga se realiza a cielo abierto y los registros sanitarios se encuentran por arriba del nivel de la calle, aunado a lo anterior, no se cuenta con validación del proyecto por parte de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), permiso de descarga emitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por lo que no se tiene la certeza de cumplimiento con las normas establecidas y su correcto funcionamiento; asimismo la Junta Municipal de Agua Potable de Moloacán se deslinda por escrito de dar mantenimiento a estas obras por lo que no quedan a su resguardo”, indicó el ORFIS.
Otro caso fue el de la ampliación de drenaje sanitario en la calle 20 de julio colonia Agraria. La observación TM-111/2016/004 señala que el proyecto no está concluido y no brinda servicio. Ahí, se presume un daño patrimonial por 610 mil 841 pesos.
La revisión a otras 10 obras reveló que no se presentaron los proyectos que definieran de manera clara y precisa todos los elementos necesarios para la ejecución, control y costo: especificaciones generales y particulares, que generó atrasos, deficiente control y modificaciones a los términos contractuales.
En tal situación, explicó el ORFIS, hubo incumplimiento de los servidores públicos responsables del proceso de planeación, programación y presupuestación de las obras, que garantice la calidad y entrega oportuna de la obra para el uso de los beneficiarios.
Además, fue limitada la participación de empresas sin registro ante el padrón de contratistas del Estado.
En otros casos, no se integró correctamente el soporte documental de la comprobación de gastos por los trabajos ejecutados, que limitaron la verificación, control y costo de los conceptos de la obra,
También faltó evidencia de anticipos a proveedores y contratistas, estados financieros, pagos a los empleados municipales. No fue enterada la retención del impuesto sobre la renta por concepto de salarios, hay pasivos, cuentas pendientes con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) así como subejercicio de fondos federales.
