El país requiere con urgencia una nueva Ley General de Aguas

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La mala gestión de agua en México es multifactorial.

Las Cámaras de Diputados y Senadores iniciarán su próximo periodo de sesiones, en el cual se prevé el análisis y discusión de un nuevo proyecto de Ley General de Aguas. Esto responde, sobre todo, a hacer efectivo el precepto constitucional del Artículo 4° Constitucional que introdujo el derecho humano al agua.

 

Responde también, a una necesidad impostergable para el país de articular la arquitectura institucional en materia de agua, que regule de manera adecuada la administración del recurso, tomando en cuenta sus realidades social y económica.

 

El Consejo Consultivo del Agua ha convocado a especialistas, autoridades, académicos y miembros de la sociedad civil a un espacio público de diálogo y participación, en el Foro: ¿Por qué necesita México una nueva Ley General de Aguas?

 

El objetivo es generar ideas para que el nuevo anteproyecto de Ley General de Aguas: sea acorde a las necesidades  del país; garantice el cumplimiento del derecho humano al agua, y; una gestión sustentable de los recursos hídricos.

 

El país requiere con urgencia que se materialice una nueva Ley General de Aguas, que regule de manera adecuada la administración del recurso, establezca las bases para satisfacer el derecho humano al agua, considere la participación coordinada de los distintos niveles de gobierno y la colaboración de la sociedad.

 

Una nueva Ley que impulse la rendición de cuentas, transparencia, así como la protección del medio ambiente, bajo un marco jurídico claro y preciso, consistente con la realidad que se pretende regular.

 

Esto es de suma relevancia si tomamos en cuenta que en materia de agua la situación es muy preocupante; un dato reciente, que solo considera los cuerpos de agua superficiales, muestra un deterioro que aumentó 17.8% por año entre 2003 y 2014. Además, de los 653 acuíferos con que cuenta el país, 106 se encuentran seriamente sobreexplotados.

 

El acceso al agua, cuya garantía por parte del Gobierno, es la base de ese derecho humano, está limitado, en primer lugar, por el enorme desperdicio en el sector agropecuario: Más de la mitad del agua con que cuenta el país (55%).

 

Los otros usos, entre ellos el doméstico, utilizan agua que además de insuficiente es de mala calidad. La realidad económica que condiciona este uso vital para la sociedad, tiene que ver con que se cobra mal. Salvo en contada excepciones, los organismos o sistemas que la proveen no la miden, no la facturan y en el mejor de los casos la cobran con tarifas que no reflejan su costo y, por tanto, impiden la sustentabilidad de la misma. Véasewww.fgra.org.mx

 

Por eso, la disponibilidad de agua suficiente y de buena calidad está limitada. Si bien en una zona extensa del norte del país hay poca agua, la problemática de escasez deriva más de una mala gestión que de poca abundancia.  Mala distribución, aunada a excesos y desperdicio y a brutal carencia. Contaminación impune en la mayoría de los usos y una mala cultura del agua sobre todo en el campo.

 

La mala gestión de agua en México es multifactorial. Contar con la claridad normativa de una nueva Ley, que sea general y ordene y obligue a todas las instancias que participan, es un paso indispensable. Esperamos que pronto el nuevo proyecto estará a consideración de la sociedad y las cámaras, urge su revisión y consideración y, su eventual aprobación y promulgación.

 

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