La nueva Ley del IPE fortalece el sistema de pensiones: Adriano Fabre

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Xalapa, Ver., 17 de julio de 2014.-

El director general del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Armando Adriano Fabre, aseguró que la iniciativa de reforma a la Ley de ese organismo fortalece el sistema de pensiones y da viabilidad financiera y continuidad en el otorgamiento de éstas a los trabajadores veracruzanos, temas en los que el gobernador Javier Duarte de Ochoa ha manifestado su mayor preocupación.

Explicó que con esta nueva Ley del IPE disminuyen los requisitos para otorgar las pensiones de invalidez y muerte, pues se reduce el tiempo para obtener este beneficio, que era de 15 años de servicio a tres, lo que favorece a los trabajadores en activo, viudas e hijos.

Otro rubro que se destaca de esta iniciativa es la pensión por jubilación anticipada: “Esto es, si el trabajador no cumple con el requisito de edad, que es de 65 años, se podrá acceder a este beneficio cumpliendo 60”.

Para evitar que se generen compromisos que vulneren la viabilidad financiera de la institución, se pone ahora un tope máximo a las pensiones, que no podrán superar los 26 salarios mínimos. Se garantiza, además, el pago del seguro social a través del Gobierno del Estado para todos los jubilados.

A los pensionados actuales no se les afectan los derechos ya adquiridos, mientras que a los nuevos, cuya percepción no exceda el monto equivalente a tres salarios mínimos elevado al mes, quedan exentos de la aportación del 12 por ciento de la jubilación o pensión.

Al referirse a las bondades de esta nueva Ley del IPE, Adriano Fabre expresó que los trabajadores que cubran los requisitos para su jubilación o pensión (derecho adquirido), al momento de la entrada en vigor no se les afectarán sus derechos.

“La movilidad de las pensiones se mantiene y los entes, Gobierno del Estado, organismos y municipios, incrementarán la aportación hasta el 20 por ciento del sueldo de los trabajadores en beneficio de estos mismos”.

Por último, el director general del IPE resaltó que el gobierno estatal garantizará aún más la seguridad social para los trabajadores, siendo solidario en caso de que el instituto no tenga la solvencia financiera para cubrir el pago de sus obligaciones.

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