Xalapa, Ver.-
Por un daño patrimonial de 285 millones 568 mil 271 pesos en la Cuenta Pública 2012, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJ) a ocho ayuntamientos y dos entes fiscalizables, pues no lograron solventar ni reponer los recursos.
Este jueves, el auditor general del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, presentó un informe sobre los recursos de reconsideración que interpusieron servidores y ex servidores públicos de 15 municipios, dos fideicomisos públicos, una dependencia y dos entidades del Poder Ejecutivo correspondientes a la Cuenta Pública 2012.
Acompañado por el presidente e integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXIII Legislatura del Estado, los diputados Francisco Garrido Sánchez, David Velasco Chedraui, Cuauhtémoc Pola Estrada, y Juan René Chiunti Hernández, el Auditor General dio cuenta del trabajo que realizó el Orfis y que se sustenta en los principios constitucionales de legitimidad e imparcialidad.
Informó que siete municipios, de los 15 con presunto daño patrimonial, lograron solventar. Se trata de los ayuntamientos de Camerino Z. Mendoza, que solventó 4 millones 988 mil 739 pesos; Espinal, con un monto de 358 mil 549 pesos; Filomeno Mata con 265 mil 850 pesos; Ignacio de la Llave con 665 mil 222 pesos; Ixcatepec con 226 mil 646 pesos; Ixtaczoquitlán con 873 mil pesos; y Tenampa con 478 mil 640 pesos.
Los ocho ayuntamientos restantes no solventaron, por lo que se ratificó el daño patrimonial y se presentaron las denuncias ante la PGJ contra quien o quienes resulten responsables. Se trata de las administraciones municipales de Alvarado, con 1 millón 546 mil 775 pesos, Castillo de Teayo con 2 millones 931 mil 969 pesos; Chacaltianguis con 506 mil 305 pesos, y Cuitláhuac con 1 millón 339 mil 981 pesos.
Asimismo, Fortín de las Flores con 38 millones 357 mil 112 pesos; Mecatlán con 77 mil 658 pesos; Vega de Alatorre con 317 mil 989 pesos, y Xico con 14 millones 668 mil 213 pesos.
Portilla Vázquez dio a conocer que de los cinco entes estatales, los siguientes solventaron el presunto daño patrimonial: el Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago número f/00095 (túnel sumergido), por un monto de 7 millones 431 mil 81 pesos; la extinta Secretaría de Comunicaciones (Secom), ahora Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), por 19 millones 447 mil 670 pesos; y el Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache por 440 mil 430 pesos.
Los entes Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, por un monto de 225 millones 717 mil 543 pesos y la Oficina Operadora de Agua de Ciudad Mendoza, por un monto de 104 mil 812 pesos no solventaron, por lo que se ratificó el daño patrimonial y se presentaron las denuncias correspondientes.
El Auditor General del Orfis destacó que durante el Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2012, se recuperó la cantidad de 383 millones 325 mil 125 pesos durante la fase de pruebas y alegados, así como en los recursos de consideración.
