Cd. de México
De ellos, 452 estaban internados por crimen organizado, y Azaola, junto con su equipo de investigación, entrevistó a 160 para su informe, el cual destaca algunos de los testimonios más reveladores.
“Cuando los federales mataron a mi papá, él era comandante de Los Zetas y decidí entrarle”, reveló un menor internado en Zacatecas.
“He visto muchos que salen a lo mismo, vuelven a entrar o los asesinan, pero si estás aquí durante un tiempo, empiezas a organizar tu mente y aprendes a madurar, sólo que si no le importas a tu familia, ahí está el error porque la familia es la única que te puede ayudar”, dice Vicente, declaración registrada en el informe.
Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), alertó que, además de no haber tenido todos sus derechos sociales, los adolescentes sufren mayores carencias en los centros de internamiento.
Señaló que los adolescentes podrían ser rehabilitados con atención adecuada, pese a los severos problemas de conducta que presentan.
“Necesitas profesionistas con gran nivel de especialización, y nos encontramos niños en instituciones con carencias, sin presupuesto. Nadie se interesa por ellos; están ahí dentro literalmente muertos de hambre”, lamentó.
El personal de los centros, agregó, tiene mala capacitación para lidiar con los adolescentes internos, gana bajos salarios; son trabajadores que se encuentran estresados y apáticos.
Carlos Cruz, presidente de Cauce Ciudadano, advirtió que los cárteles aprovechan el sistema de justicia para reclutar a los adolescentes.
“Es mucho más fácil manipularlos y que la ley no actúe sobre ellos”, explicó.
Por ello, Cruz planteó que el Estado mexicano necesita generar mecanismos de protección para los jóvenes que buscan alejarse del crimen organizado.
Su propuesta es crear un Sistema Nacional de Desmovilización, de forma que el Estado proteja a los menores de edad que quieran salir del crimen.
“Que el Estado y la sociedad en su conjunto podamos crear un sistema. Tiene que ser parte de un proceso de justicia transicional en México”, opinó.
Los adolescentes también necesitan espacios de participación donde su voz sea escuchada, aseveró el especialista.
Actualmente, criticó, los menores de edad sólo cuentan con las consultas juveniles realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), las cuales no son vinculantes.
Ambos especialistas coincidieron en que la ausencia del Estado seguirá teniendo un impacto negativo sobre los menores de edad, quienes crecen sin acceso a educación de calidad, salud, seguridad ni alimentación, entre otros derechos.
Por el contrario, tienen las ofertas del crimen de forma cotidiana.
Un estudio realizado por Cauce Ciudadano y la Universidad de Stanford en escuelas de Ecatepec descubrió que al 12 por ciento de los alumnos le han ofrecido trabajar para la delincuencia organizada.
El 35 por ciento de los adolescentes en centros de internamiento pertenecen al crimen organizado, revela el informe elaborado por Azaola.
La especialista explicó que cada vez hay menos adolecentes debido a que la pena máxima contra ellos es de cinco años.
“La descomposición en el País se ha agravado y la incompetencia de autoridades también. Hay mucho menos adolescentes en estas instituciones, no porque cometan menos delitos, sino por incompetencia y por la modificación de leyes”, afirmó.
Además, advirtió que la participación de algunos grupos de ex militares o policías como entrenadores en los cárteles contribuye a que la línea que divide lo legal de lo ilegal se difumine, y los adolescentes adopten una actitud cínica frente a sus propios actos ilícitos.
“Yo era como un ministerial… tenía una clave para comunicarme con ellos para entregarles a los levantados”, contó José Elías, de Durango, al equipo de investigación.
“Ex militares me enseñaron cosas de inteligencia para vivir en sociedad sin que se note”, expuso otro joven interno en Baja California.
