REDACCIÓN
Minatitlán. Elementos de la Fuerza Civil (FC) siguen siendo blanco de señalamientos de abuso de autoridad, tortura, robo y violencia en medio de operativos aparentemente ilegales que vienen cometiendo en la zona sur de Veracruz.
Uno de los últimos casos ocurrió el 5 de mayo de 2019, en una vivienda del rancho “Mata Redonda” ubicado en la comunidad Nueva Concepción. Allí por cielo y tierra llegaron uniformados que sin una orden de aprehensión se llevaron al capataz Ernesto Alvarado Chávez, al que sembraron armas de uso exclusivo del ejército, droga y, al que le robaron dinero.
Ayer en rueda de prensa, familiares del hoy procesado, recordaron que eran las 07:00 horas cuando empezaron a escuchar el motor de helicópteros, el rechinar de unidades y de la nada los golpes que daban para tumbar la puerta del hogar.
Pese a que había niños, los policías nunca se detuvieron para seguir en el “operativo”, siendo horas después cuando en un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) daba cuentas de lo que consideraron como un “golpe” por la detención del que llamaron “el capo de la droga” Ernesto N.
La versión “oficial” citó que a Ernesto se le decomisó 29 envoltorios con cuadros blancos, al parecer cristal; 15 cuadritos envueltos, también al parecer de cristal; una bolsa con una sustancia desconocida de 500 gramos aproximadamente; una báscula sin marca; un celular negro moto g5; un arma corta con numeración 707892, marca Llama, calibre 380; un cargador abastecido con un solo cartucho; un arma larga mod. ST15, sin matrícula, con dos cargadores (uno de color negro plástico y otro metálico) y 28 cartuchos calibre 223; así como un arma corta marca Colt, todo esto en un camino de terracería cuando viajaba en una camioneta de modelo atrasado.
En ese entonces el material asegurado y el detenido fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para los trámites de ley.
Sin embargo, el Gobierno en funciones jamás reconoció que fue un “montaje” para tratar de “justificar” la falta de trabajo y avances en las indagatorias de la masacre ocurrida el día 19 de abril en la colonia Obrera de Minatitlán con saldo de 13 muertos, entre ellos un niño en el desarrollo de una fiesta.
Ernesto, es hermano de Tomas N, alias “El Lagarto” supuesto líder de una célula criminal en la región y a quien el sistema habría señalado como el responsable del atentado.
Los familiares de Ernesto, conocido desde niño como “Mingo” recordaron que la policía se lo llevó amarrado y con los ojos vendados a bordo de una camioneta en la cual lo presentaron y la que en días anteriores ya había negociado para venderla, pactándose la entrega inmediata.
Precisaron que dentro del rancho “Mata Redonda” lo torturaron en todo momento, para después simular que lo habían detenido en flagrancia con el cargamento en cuestión.
“Por favor pido que esclarezcan todo, no es posible que estén culpando a gente inocente, a mi esposo lo sacaron por la fuerza ya se presentaron todas las pruebas pero las autoridades siguen sin hacer justicia”, dijo la esposa de Ernesto, dama de identidad resguardada.
La mujer reconoció que en el proceso de tortura los policías lanzaron diversas amenazas de muerte; sumado a llamadas telefónicas en las que continuaban amedrentando y advirtiendo que regresarían por ellos.
“Ese día se llevaron dinero, nosotros no denunciamos por miedo a las represalias”.
Eduardo Francisco Ventura, empleado del rancho es otra de las víctimas del operativo ilegal, y quien señaló que esa mañana estaban ordeñando como de costumbre cuando del cielo vieron bajar un helicóptero, empezando la pesadilla.
“Eran Policías de la Fuerza Civil (FC) con un marro tumbaron la puerta de la casa, nosotros al observar esto nos quedamos en el patio para dar la cara y seguir ordeñando de manera normal, pero de la nada sobrevino la violencia”.
Añadió Eduardo Francisco que “a mí me amarraron con “cinchos”, me torturaron, me golpearon en las costillas y me soltaron al día siguiente”.
Cabe señalar que Tomas N, alias “El Lagarto”, hermano de Ernesto, fue capturado el día 9 de mayo en el estado de Campeche siendo un misterio al momento los avances en el proceso que comenzó en su contra por la masacre de Minatitlán.
Dicho montaje del Gobierno, dejó el día 3 de mayo la detención de Adrián N, empleado petrolero al que la autoridad identificó como autor material de la desgracia que enlutó a 13 familias, aunque para los dolientes el tema sigue impune.
