Los casos que presentan las autoridades en ocho entidades no concuerdan con las bases de datos oficiales y menos aún con los registros que tienen Organizaciones No Gubernamentales.
En los estados de Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Tlaxcala, Colima, Estado de México, Ciudad de México y Nayarit existe una gran diferencia entre los homicidios que reportan las autoridades locales y los que apuntan los registros oficiales.
Diversas organizaciones civiles e investigadores han llegado a la conclusión de que en estas ocho entidades, el gobierno oculta de su registro los datos de los asesinatos.
Según las cifras comparadas, es en algunos municipios del Edomex y ciertas delegaciones de la CDMX donde se presentan más este tipo de casos.
Como ejemplo está el caso del municipio de Nicolás Romero en el Estado de México, donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que en 2015 hubo únicamente un homicidio, mientras que la organización Semáforo Delictivo contabilizó 25 casos.
De igual forma, en Iztapalapa, el Inegi reportó 28 asesinatos en 2015 y la organización civil tiene reportes de 181 muertes en ese mismo año. Lo mismo sucedió con Gustavo A. Madero (52-147), Tláhuac (8-29), Tlalpan (6-46), entre otras demarcaciones.
La organización México Evalúa presentó también en marzo pasado, un estudio donde se revelaron discrepancias en 19 de los 32 estados, ya que los datos que reportan las autoridades no son acordes a la realidad, pues incluso se omiten cifras en sucesos tan relevantes como los de Tlatlaya, Tanhuato y Tonila, donde ninguna de las 75 muertes de esos casos está registrada en las carpetas de investigación que los estados reportan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Aunque dichos homicidios se reconocen en comunicados de prensa, o incluso confirmados a través de las declaraciones de funcionarios en municipios y estados, estos no se contabilizan en el Inegi ni en el el Sistema Nacional de Seguridad Pública
Según una investigación realizada por el diario Excélsior a los informes de Semáforo Delictivo fue que se pudo conocer que el caso se extiende a una gran variedad de entidades del país, pues como ejemplo tenemos a Ocosingo en Chiapas, donde en 2016 el Inegi registró tres homicidios, mientras en el Semáforo Delictivo se mencionan 14.
Otro caso es Quintana Roo, donde en el año 2016 en Isla Mujeres el Inegi no reportó homicidios, mientras en el Semáforo sumaron dos. En Carrillo Puerto fueron dos oficiales, contra cinco de la ONG.
En el estado de Veracruz durante 2016, el municipio de Las Choapas registró apenas un muerto oficial, mientras que Semáforo Delictivo contabilizó 29; en Martínez de la Torre se registraron ocho de manera oficial, contra 14 de la ONG.
Sin embargo el caso más notorio fue en Papantla, donde el año pasado oficialmente no hubo homicidios, pero se tiene un registro de hasta 55.
De igual forma en Apizaco, Tlaxcala, el Inegi reportó dos muertes y el Semáforo Delictivo nueve; en Manzanillo, Colima fueron reportados oficialmente 28 muertos en 2016, contrastando con el Semáforo donde se reportan 158; al igual que con Armería donde supuestamente no hubo un solo homicidio oficialmente, pero la ONG registró 29.
Por último, se reporta un caso más en el municipio de Solidaridad, Yucatán, donde el pasado mes de enero cinco individuos fueron asesinadas durante una balacera en la discoteca VPM y aún así, no existe ninguna carpeta de investigación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública por estos delitos.
“Hemos visto que las cifras se mueven extrañamente hacia abajo, no sólo de los homicidios, sino de todos los delitos cuando hay elecciones. Lo vimos en Quintana Roo y Veracruz, así como en Estado de México y Coahuila”, menciona Santiago Roel, presidente del Semáforo Delictivo
Por su parte Jimena David, presidenta de México Evalúa, dijo que no es posible hablar abiertamente de una manipulación de las cifras sobre homicidios en México, pero definitivamente que sí está pasando algo raro en las procuradurías de los estados, y que es necesario que esto se abra al escrutinio público para poder saber las causas reales.
(Con información de Excélsior)
