En los últimos días uno de los temas más debatidos en México ha sido el de mantener tal cual está o modificar la aplicación en automático de la prisión preventiva oficiosa.
El martes, en una segunda sesión sobre el asunto, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospusieron para el jueves la votación.
La decisión se tomó a petición ministro que elaboró el proyecto, Luis María Aguilar Morales, quien añadió que ese día también se decida si debe retirar la propuesta para reelaborarla y votarla posteriormente.
¿Qué pasa si la SCJN rechaza eliminar la prisión preventiva?
El abogado, Gabriel Campolli, afirmó que si el máximo tribunal del País decide rechazar la eliminación de esa medida México podría ser acreedor a sanciones internacionales.
En primera instancia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplicaría sanciones “muy fuertes”, e incluso a la nación se le suspenderían derechos en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Indicó que la prisión preventiva oficiosa no debe aplicarse como un método de prevención del delito, algo con lo que coincide el presidente de la SCJN, Arturo Saldivar.
Rechazó que al eliminarla se vaya a incentivar la corrupción entre los jueces y la impunidad de los delitos, como ha argumentado el gobierno federal.
El experto acotó que son más de tres los ministros que están apoyando el proyecto, siempre y cuando se le hagan algunas modificaciones con apartados que no coinciden.
“Hubo otras posiciones en inaplicar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales o en todo caso de hacer una interpretación del artículo 19 constitucional para que la prisión preventiva oficiosa no se entienda como prisión automática, sino para que de oficio se debata la posibilidad de prisión”.
Además, otra de las opciones fue que “si el fiscal no lo solicita el juez lo aplicará de oficio en los casos que amerite la situación; en realidad creo que hacia ese lado se va a dirigir la votación, por eso el ministro pidió la suspensión de la votación”.
