Diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo; según el documento, hay fallas en la distribución de los recursos, e incluso, se favorece la desigualdad
Ivonne Melgar
23/05/2013 05:46
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de mayo.- El diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) parte del reconocimiento de que los recursos públicos contra la pobreza tienen una distribución ineficiente, porque reproducen la desigualdad.
Esto explicaría, según se expone en el documento, el hecho de que los niveles del problema se mantengan altos, a pesar de un creciente gasto social y de la operación “de un diverso mosaico de políticas públicas de los tres órdenes de gobierno”.
Para ejemplificar esta situación, se afirma que únicamente 10% de ese dinero beneficia a la quinta parte de los mexicanos que padece mayor marginación.
En contraste, 50% del presupuesto correspondiente termina beneficiando al sector social en mejores condiciones económicas, se expone en el PND presentado el pasado lunes por el presidente Enrique Peña Nieto.
Estas cifras avalan el señalamiento gubernamental de que conseguir la meta de una ciudadanía con pleno ejercicio de sus derechos sociales obliga a resolver “importantes retos vinculados con la forma en que se conceptualizan y se ejercen las políticas públicas”.
Para el documento rector de las políticas públicas que habrán de formularse en este sexenio, en el caso de la pobreza y la desigualdad, “los procesos de diseño, gestión, implementación y monitoreo se han trabajado de manera aislada” entre las diversas instancias de la administración federal.
Se plantea que esta situación “ha derivado en ocasiones en la duplicidad de programas y en una falta de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno”. Bajo esta circunstancia existen 273 programas y acciones federales relacionados con derechos sociales, mientras que en el ámbito estatal se acumulan dos mil 391 programas.
Pero como consecuencia de la falta de coordinación, el diagnóstico oficial señala que ahora “no existe un padrón único de beneficiarios y no se tiene un alineamiento claro y estratégico de la política social”.
De manera que la política social estaría caracterizada por la carencia de una articulación interinstitucional que permita cubrir de manera efectiva los objetivos correspondientes.
Para la administración de Peña, esta descoordinación se expresa en el presupuesto.
Y al respecto, el PND plantea: “Los recursos públicos destinados a atender los problemas de pobreza y desigualdad, en algunos casos, no están adecuadamente dirigidos: la mitad de estos recursos se destinan al segmento superior de la escala de ingresos y sólo 10% de dichos fondos se asignan al 20% más pobre de la población”.
El documento aborda las consecuencias del desequilibrio social. De entrada reconoce que genera “frustración en amplios segmentos de la población”, erosiona la cohesión social y “le abre camino al conflicto y a la violación de la ley, con graves consecuencias para la paz pública, la fortaleza de las instituciones, así como para el desarrollo sostenible del país”.
Se trata de una exclusión social que se manifiesta en la privación de derechos sociales y desigualdad entre personas y regiones de la República.
Como resultado de ese panorama, se expone en el PND que la cuarta parte de los participantes en la consulta ciudadana, previa a la integración del documento, considera que la prioridad del gobierno debe ser combatir la pobreza y apoyar a los sectores más vulnerables de la población.
El PND retoma las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de 2010, al describir que 46.2% de la población vive en pobreza.
Esto, según la explicación oficial, se traduce en que casi la mitad de los mexicanos no disponen de ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades, y no ejerce al menos uno de los siguientes derechos sociales: educación, acceso a los servicios de salud, a la seguridad.
El diagnóstico oficial también incorpora el señalamiento de la (OCDE) de que, en la última década, México fue la segunda nación más desigual de los países miembros.
